sábado, 31 de mayo de 2008

Leporati lee Jaque al Rey


Aldo Leporati es el CEO de Porter Novelli, empresa de marketing y comunicación líder a nivel mundial, contratada por Botnia para persuadir a la sociedad que no contamina. Este hombre, que no escatima ningún medio para alcanzar su fin, le envío un correo a Jaque al Rey para refutar una nota publicada en el número 53  de nuestra revista virtual, donde se enumeraban algunas de sus prácticas. Sus argumentos, que ofenderían la razón de un niño de tres años, merecen ser confrontados con una enemiga de sus métodos: la verdad.

   Cuando alguien pretende, en la instancia que sea, cambiar la percepción que se tiene sobre un hecho determinado sólo tiene dos opciones válidas: argumentar sus razones y que éstas sean verosímiles. Si no, es muy posible que el propósito, tarde o temprano, fracase.
   Aldo Leporati lo sabe. El problema es que parecería no practicarlo. ¿Por qué? Porque le sería imposible apelar a la verdad para argumentar su postura.
   En su edición Nº 53, el pasado 18 de abril, Jaque al Rey publicó una nota –“¿Quién es Aldo Leporati?”- donde se enumeraban algunas de las operaciones de prensa que ideó este hombre, CEO de Porter Novelli, para intentar persuadir a la sociedad de que la contaminación de Botnia es, en realidad, un invento.
   Leporati, confirmando nuestra percepción del aumento de lectores de Jaque al Rey, escribió un mail a uno de los integrantes de nuestro colectivo periodístico, para intentar refutar los argumentos citados en la nota mencionada.
   El primer error del señor Leporati, considerable error tratándose de una persona que es ávida en el “manejo” de la información, fue confundir al autor del texto. “Leí sorprendido tu nota”, dice en el correo que envío a una integrante de Jaque. La persona que recibió el mail no fue la autora del texto aunque suscribe, como todos los miembros de este colectivo, hasta la última coma de lo que allí se dice.
   Por lo tanto, si se pretende refutar un texto, lo primero que debería hacerse es chequear quién lo escribió, para luego dirigirse a esa persona. Si no es posible, como en este caso, que se empiece desde el vamos con suposiciones erróneas.

El origen
El 16 de abril, Aldo Leporati fue panelista en las jornadas sobre “Medios de Comunicación, Ética y Responsabilidad Social" que organizó la Universidad de Belgrano. En su exposición de media hora sobre “La comunicación Institucional y las Relaciones con la Prensa” se dedicó a desprestigiar a los asambleístas entrerrianos con el objetivo de favorecer los negocios de Botnia. “¿Les podemos creer a algunos por el hecho de ser asambleístas?”, sostuvo Leporati en su intervención.
   Jaque al Rey pretendió hacerle algunas preguntas pero la Universidad de Belgrano aclaró previamente que sólo serían por vía escrita, lo que negaba toda posibilidad de repregunta y daba lugar a una fácil censura.
    Al imposibilitarnos el libre ejercicio periodístico, decidimos hacer una nota donde se enumeraron algunas de las operaciones de prensa frecuentes que se emplean para presentar a Botnia como una empresa que cuidaría el medio ambiente, y para desprestigiar a las voces que se oponen a su funcionamiento.
   Simultáneamente, y a raíz de un escrito que una asambleísta de Gualeguaychú e integrante de Jaque al Rey le hizo llegar al Director de la Universidad de Belgrano, éste decidió, como corresponde, otorgar a los asambleístas entrerrianos su derecho a réplica en el mismo ámbito en el que Leporati se había despachado a gusto y piacere para difamarlos.

Contamina la razón
   En un párrafo de la nota anterior se afirma que “la información que brinda Botnia jamás enumera las consecuencias que su funcionamiento generó en Finlandia y en los lugares donde funcionó, donde las consecuencias fueron devastadoras para todo lo que se considere un ser vivo”.
   Para refutar este fragmento, Leporati sostiene que no pudo encontrar información sobre las consecuencias que Botnia generó en Finlandia. Nos vemos en la obligación de hacerle saber que fue tal el impacto ambiental que la Comunidad Europea prohibió, en su territorio, la instalación de nuevas plantas de celulosa que no utilicen un proceso “totalmente libre de cloro” para blanquear la pulpa.
   Hace dos años el diario Clarín –cuyo jefe de editores, Ricardo Roa, sostuvo a asambleístas entrerrianos que el diario tenía “postura tomada en el conflicto”, obviamente en contra de ellos- viajó a Finlandia, junto a otros medios, invitado por la empresa. La crónica de ese viaje dice: “Ese olor que genera el azufre al quemarse se sintió ayer fuerte cerca de la planta de Rauma. Y eso generó la primera división en el grupo de periodistas argentinos que llegó hasta aquí invitado por Botnia: mientras a unos les recordó el olor de un huevo podrido, otros lo encontraron parecido al del coliflor hervido”.
   Lo que Clarín no dijo es que ese olor desagradable y molesto es, además, tóxico: se trata de sustancias orgánicas azufradas (azufre oxidado) que impactan sobre la salud, en particular incrementando el riesgo de infecciones respiratorias agudas, problemas de la vista y cefaleas, entre otros trastornos.
   Ricardo Carrere, integrante de la ONG Guayubira viajó en el 2005 a Finlandia sin ser invitado por la empresa sino por la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza. A la vuelta de su viaje, él sí pudo relatar con precisión la contaminación de Botnia en un país donde los controles son mucho más rigurosos que en Uruguay: “La gente del lugar todavía está furiosa con Botnia por algo que pasó en el verano de 2003. Para ellos el verano es sagrado porque dura menos de un mes, y justo cuando comenzaba hubo un accidente terrible en una de las plantas que contaminó todo y mató la pesca. Y la gente sigue furiosa. Entonces, si en la propia Finlandia, que se supone es la número uno en materia ambiental, pasó algo así, no hay que fantasear mucho para saber lo que va a suceder en Uruguay”, sostuvo.
     “Cuando los periodistas viajaron, la empresa, por ejemplo, hizo una visita a una playa cercana a la planta de celulosa donde había mucha gente bañándose, y presentó eso como prueba de que el agua no está contaminada. Pero cuando fui a hablar con la gente de la zona me enteré de que esa es la zona de baños y que los efluentes de la planta van en la dirección contraria. Frente a la fábrica, a unos 4 kilómetros de distancia, hay una isla que unieron colocando tierra con una carretera, lo que formó una represa que impide que las aguas se mezclen”, indicó Carrere.

Lo que trataron
   “La empresa esconde el Tratado Bilateral que firmaron Uruguay y Finlandia y que Botnia puso como condición para instalarse: ese acuerdo, que entre otras cosas impide la nacionalización y expropiación de la planta y reclama compensaciones por cualquier motivo que la empresa se considere perjudicada, es tan leonino que la palabra ‘salvaje’ no alcanza a definirlo”, dice otro fragmento de la nota publicada el 18 de abril por Jaque al Rey
   Aldo Leporati lee otra cosa: según él, el Tratado dice que “’se debe comunicar’, distinto a ‘tener que pedir autorización’”. Como le debe suceder a usted, nosotros tampoco entendimos qué quiso decir.
   El Tratado entre Uruguay y Finlandia fue sancionado previamente a la instalación de Botnia, como condición para garantizar la inversión. Es decir que para que Botnia se instale en tierra uruguaya existió una manifestación política y jurídica a nivel internacional en la que los Estados contratantes establecieron las pautas a seguir en cuanto a la “protección” y promoción de inversiones.
   Además acordaron qué órgano internacional dirimiría sus conflictos (el CIADI, el Tribunal del Banco Mundial) y se estableció la prohibición para expropiar y nacionalizar la empresa (salvo cuestiones de interés público). Por su parte habilitó a la empresa a reclamar compensaciones pecuniarias por cualquier motivo por el cual se sienta injuriada. (Art. 2, 5, 6, 9 y 14).
   El Tratado explica, en parte, la actitud del Gobierno uruguayo y demostraría que Finlandia es parte del conflicto. El mismo fue suscripto por los Estados el 21 de marzo de 2002, aprobado en sesiones de la Cámara de Representantes el 4 de mayo de 2004 y promulgado el 12 de mayo de 2004- Ley 17.759.
  
Porcentajes
   Según Leporati, “el 90% de los trabajadores de Botnia son uruguayos”. Aún si fuera cierta, esa explicación no da ninguna pauta sobre la cantidad de empleados. El 90% de un número que se desconoce, cuando lo que importa es la cantidad en términos absolutos y no el porcentaje, no tiene ninguna validez.
   Según una nota publicada por el diario uruguayo El País, que jamás podrá ser acusado de partidario de la Asamblea de Gualeguaychú, en Botnia trabajan sólo 300 operarios, de los cuales 180 son uruguayos, y apenas 33 de Fray Bentos, la ciudad que alberga a la empresa (aunque por tamaño correspondería decir que la empresa alberga la ciudad).
   180 trabajadores sobre 300 da un porcentaje de 60%, un 30% menos que lo que sostiene Leporati. Hicimos las cuentas varias veces, concientes de que él se maneja mejor con los números que nosotros, pero siempre llegamos al mismo resultado. Como, todavía, confiamos en las calculadoras no existe otra explicación pero sí un interrogante: ¿Leporati miente, está equivocado o mal informado?
   Botnia siempre manejó la cifra de 8000 empleos, incluso cuando mantuvo una entrevista  con el Presidente Tabaré Vázquez, quien al salir de la misma repitió públicamente la cifra. En la revista de Botnia “Espacio” se lee que la planta “proporcionará, en forma directa o indirecta, empleos a unas 8.000 personas”. Sin embargo, en su pico máximo de trabajo, dice el diario El País, “contrató a 5.300 obreros, de los cuales sólo 2.650 eran uruguayos” (el 50%).
   Mientras esta nota es escrita, Fray Bentos tiene a Botnia funcionando y también tiene, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, la desocupación más alta del país: como se aprecia, las promesas jamás se hicieron realidad. 14% de desocupación en Río Negro, Departamento cuya capital es Fray Bentos, es la cifra que refuta el mito de la pastera como generadora de prosperidad. De los 2.881 desempleados que el Departamento generó durante 2007 (últimos datos disponibles), 2.335 fueron de Fray Bentos. ¿Hace falta explicar por qué?
   Según consigna en su edición del 19 de abril el diario El País: En Fray Bentos los locales cierran, las ventas bajan y el movimiento cesa”. “La gente se hizo el bocho con la famosa prosperidad y no era tal", dice el párroco Sanchos en esa nota publicada en uno de los diarios más importante de Montevideo.

“El silencio es salud”
   La misma página web de la pastera afirma que el 70% de la producción fue exportada a Europa y el restante 30% a Asia. Las cifras son concluyentes: la empresa impone el monocultivo de eucaliptos, asesina ecosistemas, deja sin agua a miles de habitantes (consume más de 80 millones de litros de agua dulce diarios. Fuente: Instituto de Análisis Bioquímicos, INDADI), emite 86 kilos de compuestos clorados, 190 de azufre reducido, 924 de dióxido de azufre, 4.838.000 de gases de efecto invernadero, entre otras emisiones atmosféricas pero envía el 100% de su producción a otros continentes, con la complicidad del Estado uruguayo.
   La consultora canadiense Ecometrix, que realizó para el Banco Mundial (BM) un trabajo sobre la pastera y que se dio a conocer a principios de noviembre del año pasado, informó que la planta finlandesa utiliza 13 químicos peligrosos -la mayoría de los cuales son llevados a la fábrica por barco- y destacó que, en el largo plazo, generará 150 toneladas anuales de residuos tóxicos. Sin embargo, ni la empresa ni Leporati informaron nada al respecto.
    El 23 de noviembre del año pasado, seis estudiantes y una maestra de Fray Bentos fueron asistidos tras sentir náuseas causadas por emanaciones de la pastera. La empresa informó, en ese momento, que los olores "no generan ni generarán ningún impacto negativo en la salud". Los chicos no mienten. ¿La empresa?
   22 días después, el 15 de diciembre, Clarín sostuvo que “cuatro operarios debieron ser internados por irritación en los ojos y en las vías respiratorias. Ocurrió mientras trabajaban con químicos en la torre de purificación de agua de la papelera”. Ni Porter Novelli, ni Leporati, ni Botnia dijeron nada de nada: silencio de radio.
     Tres vecinas de Gualeguaychú que tomaban fotos de la planta sobre el Puente Internacional también tomaron aire y, según parece, ése fue el motivo por el cual empezaron a sentir mucha picazón en la piel y la garganta. El diagnóstico de la otorrinolaringóloga Ana Emilia Muñoz fue “dermatitis aguda producto de la inhalación de un ácido”. El caso fue denunciado a la Justicia como prueba de la contaminación de Botnia.
   Es entendible que Aldo Leporati tenga un trabajo cuyo objetivo le resulta imposible de lograr si apelara sólo a la verdad. Por eso es lógico que tenga buscar distintas artimañas para alcanzarlo, entre ellas forzar la realidad con argumentos tan poco convincentes que contaminan la razón.
   Como se aprecia, Leporati y Botnia chocan con el mismo problema: la verdad.
   La verdad, dice la canción de Joan Manuel Serrat, “nunca es triste”. “Lo que no tiene es remedio”.
   La contaminación tampoco.

(Publicada en el sitio "Jaque al Rey", 31 de mayo de 2008)

La herejía de ejercer la soberanía


El presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó el petróleo y la empresa telefónica de su país. Así, sigue cometiendo la osadía de cumplir lo que prometió en la campaña. Los que se niegan a ceder privilegios, por su parte, continúan con la intención de aprobar sus estatutos autonomistas para socavar el poder del Gobierno. En el medio, el Senado aprobó un referéndum revocatorio donde Evo tendrá que validar sus votos. Lo que pocos dicen es que el proyecto es una iniciativa de él: el único “dictador”, junto a Chávez, que se somete al veredicto de las urnas.

Por Luis Zarranz
   Para quienes piensan, sienten y creen que América Latina tiene un destino común, es imposible ser indiferente al proceso que transcurre en Bolivia, donde un gobierno con fuerte arraigo popular sufre el acoso de las elites para hacerlo desistir de sus propósitos.
   Bolivia atraviesa momentos de grandes definiciones. A nadie debería sorprenderle: siempre que un país del Tercer Mundo comete la osadía de  ejercer su independencia, y no sólo a declamarla, los agoreros de siempre agitan los fantasmas del caos y el desgobierno.
   Evo Morales está haciendo lo que en un mundo normal debería ser regla común: cumplir con lo prometido en la campaña. Sin embargo, en un continente donde los gobernantes suelen hacer lo contrario a lo que prometen, lo suyo suena a herejía. Y mucho más cuando los que están enfrente son poderosos.
   Así, la oligarquía de las regiones más prósperas del país comenzó a articularse con el objetivo de boicotear al Gobierno y los cambios que la sociedad boliviana reclama.
   El 4 de mayo los ciudadanos de Santa Cruz debieron votar, por “SI” o por “NO”, sobre un estatuto autonomista cuyo propósito formal era finalizar con el centralismo de la estructura política boliviana pero cuyo objetivo no declarado era minar los cambios sociales alcanzando un control legal sobre los mismos. Un 84% de los que fueron a votar –menos del 50% de los habilitados- votó por el “Si”.
   El resultado tiene dos lecturas: se dirá que la mayoría aprobó la autonomía. Pero sólo el 84% de la mitad de la población, los que fueron a votar, lo hizo a favor.
   El estatuto permitiría a Santa Cruz definir su política de tierras, de economía, de educación, de salud y le permite crear una Asamblea Legislativa para aprobar leyes departamentales y designar autoridades locales. El documento convierte al prefecto en gobernador y dispone su elección por voto directo. En total, el estatuto incluye 43 competencias locales exclusivas. Entre las más conflictivas está el manejo de la tierra de esta rica región agroindustrial sin injerencia del Estado central, lo que es denunciado por el gobierno como un intento de frenar la reforma agraria en marcha.  
   El referendo autonomista, organizado por los líderes opositores de Santa Cruz, no tiene ningún valor legal y en este punto se han puesto de acuerdo casi todos los constitucionalistas bolivianos. El único valor, que no es poco, es la posición de la sociedad sobre el asunto.
   El MAS de Evo Morales no se opone al debate sobre las demandas autonómicas pero tiene presente que tal como fue instrumentado solo tiene un objetivo: socavar las transformaciones del primer presidente indígena en 182 años del país, cuya población, paradójicamente, es indígena.
   "Con el pretexto de autonomía se quiere dividir el país, pero no vamos a permitir ninguna división de Bolivia", sostuvo en aquel entonces Evo Morales. Junto con la región agroindustrial Santa Cruz proclamaron simbólicamente sus autonomías la gasífera Tarija (sur), la ganadera Beni (noreste) y la forestal Pando (norte), que concentran dos tercios de la riqueza nacional.
   Después de la nacionalización de los hidrocarburos, la realización de la Asamblea Constituyente, la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, y con ello la constitucionalización de cientos de derechos postergados durante siglos, es evidente que las elites se sientas “amenazadas”.  

Petróleo boliviano
   Tres días antes del referendum, el 1º de mayo, el presidente boliviano cumplió con su principal promesa de campaña y estatizó cuatro petroleras, ente ellas Andina, subsidiaria de la hispano-argentina Repsol YPF. 
   Desde ese día, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene el 50% más una acción de Andina, que explota 18 campos petroleros menores en forma directa y posee la mitad de los dos pozos de gas más importantes del país, San Antonio y San Alberto, en sociedad con Petrobras.
   A Morales le bastaron 6 millones de dólares para comprar el 1,08% de las acciones que permitieron a la petrolera estatal asumir la mayoría accionaria de Andina. Puso así punto final a un proceso de nacionalización iniciado exactamente dos años atrás. El 1 de mayo de 2006, con sólo cuatro meses en el poder, Morales estatizó el sector de los hidrocarburos y cumplió con su principal promesa de campaña.
  En aquel entonces, la norma otorgó al Estado boliviano el 82% de las regalías de los principales pozos gasíferos, exactamente lo mismo que antes se llevaban las petroleras. Este 1º de mayo, además, Evo decretó la nacionalización de Entel, propiedad en un 50% de la italiana Telecom. Morales ya había anunciado en enero de 2007 su intención de recuperar Entel, pero las negociaciones se estancaron después de que los italianos presentaran una demanda de arbitraje internacional que Bolivia abandonó el año pasado.
  
Referéndum revocatorio
   Cómo si fuera poco lo que ya sucede en Bolivia, el Senado aprobó la realización de un referendo revocatorio que afecta al presidente Evo Morales, al vicepresidente García Linera y a los gobernadores de los departamentos. La propuesta había sido elaborada por el propio Morales hace medio año, pero la oposición congeló esa iniciativa en espera de una ocasión propicia a sus intereses.
   La oligarquía boliviana confía en sacar a Morales del poder, pues si el referendum le es adverso, el Presidente tendrá que convocar a nuevas elecciones. Aunque la figura jurídica que permite revocar el mandato de un gobernante es común en todas las legislaciones, en la práctica apenas se utiliza. El único precedente de un referendum limpio y transparente ha ocurrido en Venezuela. Allí, pasó algo nunca antes visto: un dictador somete su mandato al voto popular.
   Chávez  obtuvo una respuesta a su favor por encima del 60% del electorado, a pesar de los millones de dólares que invirtió el gobierno de Estados Unidos en su contra. El turno es ahora para Evo Morales. Será una cita trascendental, en agosto, para medir fuerzas y dar nuevos impulsos al proceso reformador emprendido por el abanico de organizaciones políticas y sociales de la Bolivia pobre
   Mientras tanto, la elite racista, depredadora y mediocre que ha saqueado las arcas públicas desde siempre, que ha entregado las riquezas del país a las empresas multinacionales a precio de ganga y ha gobernado con mano de hierro registrando el dudoso honor de tener el mayor número de golpes de Estado de todo el continente y de convertir a esa inmensa mina de recursos naturales en el segundo país más pobre de toda el área después de Haití, seguirá planificando conspiraciones.
   Van por Evo pero se equivocan de enemigo. Es un pueblo entero el que impulsa los cambios que él aplica.
   No es que no lo sepan. Es que no lo pueden aceptar.

(Publicada en el sitio "Jaque al Rey", 31 de mayo de 2008)

domingo, 18 de mayo de 2008

¿Quién es Aldo Leporatti?


Aldo Leporatti es el CEO de Porter Novelli, empresa subsidiaria de una compañía de marketing y comunicación líder a nivel mundial. Este hombre, contratado por Botnia, realiza todo tipo de operaciones de prensa para cuyo fin no escatima ningún medio. El hombre del “todo vale” intenta persuadir a la sociedad que Botnia no contamina y que trabaja para el medio ambiente. Un disparate que contamina el sentido común.

   La Universidad de Belgrano tiene el olor de las cosas ricas: huele bien, como a recién estrenado. Todo parece estar en perfecto orden: cada cosa en su lugar. Ninguna voz levanta el tono más de lo normal, y si lo hace, lo hace con estilo, con clase. Es imposible no sentirse ajeno en un lugar así, sobre todo cuando los propios pasos parecen retumbar como un bombo furioso en el largo pasillo: firmes, rotundos, desubicados...
   Uno no sabe por qué, con tanta comodidad a su servicio, en sitios así no alcanza a sentirse a gusto. Está claro: es problema de uno. Sepan disculpar
   Porter Novelli es una de las empresas más grandes de Relaciones Públicas en todo el mundo. La firma, que cuenta con compañías afiliadas y propias en los principales mercados y en todos los continentes, fue fundada en Washington en 1972. Actualmente ofrece sus servicios a través de 100 oficinas ubicadas en 60 países. En Argentina, su director es Aldo Leporatti, un “gurú” de la comunicación estratégica y las relaciones con la prensa.
   Por tales antecedentes este hombre fue convocado a participar de las Jornadas sobre "Medios de Comunicación, Ética y Responsabilidad Social" que organizó la Universidad de Belgrano, los recientes 15 y 16 de abril.
   Leporatti expuso media hora en el panel sobre “La comunicación Institucional y las Relaciones con la Prensa”. Y allí, una vez más, hizo lo que sabe hacer: manipular las opiniones con el objetivo de favorecer los negocios de sus clientes: en este caso, la finlandesa Botnia.
   La pastera contrató los servicios de Porter Novelli para que se encargara de mejorar su imagen corporativa, que se encuentra por el piso. Como no hay manera de lograr ese objetivo apelando a la verdad, Leporatti utiliza otras herramientas: miente, extorsiona, organiza fabulosas operaciones de prensa e intenta desprestigiar a los asambleístas entrerrianos.
   Nada nuevo, digamos. Nada que otros no hagan. Nada que no haya hecho antes: en la década de los noventa, Leporatti fue uno de los encargados de hacerle creer a la sociedad argentina que las privatizaciones que el menemismo auspiciaba eran imprescindibles y los negociados corruptos, un mal menor.
   Aldo Leporatti armó las campañas que con notable éxito lograron instalar el paradigma privatizador como solución a los pésimos servicios estatales. No sólo eso: logró que quien se opusiera a ellas, sea visto como un abogado del atraso. Las privatizaciones se hicieron, los negociados que eran parte de ellas, también: los resultados están a la vista.

Contamina
   En su actual rol de operador de Botnia, son varios los medios –que nunca interesan tanto, si el objetivo se cumple– que este hombre utiliza para su fin. La exposición en la Universidad de Belgrano, en efecto, fue otro espacio para ir ganando conciencias: “¿Les podemos creer a algunos por el hecho de ser asambleístas mientras acusan a Botnia constantemente por no brindar información, cuando en realidad la ofrecemos?”, sostuvo en su intervención.
   La información que brinda Botnia jamás enumera las consecuencias que su funcionamiento generó en Finlandia y en los lugares donde funcionó, donde fue devastadora para todo lo que se considere un ser vivo.
   La empresa esconde el Tratado Bilateral que firmaron Uruguay y Finlandia y que Botnia puso como condición para instalarse: ese acuerdo, que entre otras cosas impide la nacionalización y expropiación de la planta y reclama compensaciones por cualquier motivo que la empresa se considere perjudicada, es tan leonino que la palabra “salvaje” no alcanza a definirlo.
   ¿Generan información? Botnia generó conmoción en Uruguay cuando informó su instalación en Fray Bentos: prometió miles y miles de puestos de trabajo. Lo que jamás informó es que luego de la construcción de la planta sólo unas docenas de uruguayos trabajarían allí. El resto, son europeos.
   La consultora canadiense Ecometrix, que realizó para el Banco Mundial (BM) un trabajo sobre la pastera, informó que la planta finlandesa utiliza 13 químicos peligrosos –la mayoría de los cuales son llevados a la fábrica por barco– y destacó que, en el largo plazo, generará 150 toneladas anuales de residuos tóxicos. Sr. Leporatti, ¿no tuvo nada que informar a la prensa en ese instante? ¿Por qué?
   El 23 de noviembre del año pasado, seis estudiantes y una maestra de Fray Bentos fueron asistidos tras sentir náuseas causadas por emanaciones de la pastera. La empresa informó que los olores "no generan ni generarán ningún impacto negativo en la salud". ¿Y los chicos atendidos, Leporatti? Los chicos no mienten.
   22 días después, el 15 de diciembre, Clarín sostuvo que “cuatro operarios debieron ser internados por irritación en los ojos y en las vías respiratorias. Ocurrió mientras trabajaban con químicos en la torre de purificación de agua de la papelera”. Ni Porter Novelli, ni Leporatti, ni Botnia dijeron nada: silencio de radio.
   La información, queda claro, se esconde: no se habla de los “accidentes” de la plata; que funciona sólo al 15% de su capacidad para no contaminar en demasía antes del fallo de La Haya; que el método que utiliza es dióxido de cloro, uno de los elementos más contaminantes que el hombre puede manipular; y que la empresa se instala en estas latitudes porque en Europa está prohibida por ley desde el año pasado.
   Los ejemplos abundan pero consignar a todos sería no sólo aburrido sino imposible para este formato de nota.: “En el caso Botnia hay intereses económicos de por medio”, sostuvo Leporatti en la Universidad de Belgrano. El de él está más que claro y no está mal reconocerlo: ¿haría el mismo trabajo si no le pagaran?
    Las declaraciones que Leporatti hace en cada una de las universidades a las que es invitado no son, a esta altura de los hechos, lo más grave. Para tener una mejor comprensión habría que separar cada una de sus “estrategias”. Podría hablar de lo beneficioso de usar papel de envoltorio, o de la solvencia de una empresa cuyos fondos son garantizados por el Banco Mundial. Eso la posicionaría muy bien frente a la “comunidad internacional”. Pero no. Leporatti escoge otros caminos...

Operaciones de Prensa
   El 30 de enero de este año Clarín –cuyo jefe de editores, Ricardo Roa sostuvo que el diario tenía “postura tomada en el conflicto” – publicó en su portada que los asambleístas utilizaban unas credenciales para decidir quién pasaba, y quién no, por el corte de ruta sobre Arroyo Verde y que, como se trata de una ruta que va al Uruguay, estaban emitiendo credenciales como si fueran un Poder estatal.
   La información, que el matutino extendió en su tapa todo lo que pudo, tenía detrás la estrategia de Leporatti para desprestigiar a los vecinos de Gualeguyachú. La asamblea distribuye las tarjetas "vecinalístas" desde hace ya un año a los colonos que viven y trabajan entre el corte y la frontera, con la finalidad de no demorarlos.
   Las credenciales eran vox populi, y tenía conocimiento de su existencia hasta el gobernador entrerriano, a quien no se puede acusar de Asambleísta. No eran noticia para nadie. Leporatti y Clarín quisieron que sí, no para informar sino todo lo contrario: para desinformar y generar opiniones negativas en Buenos Aires, donde los cortes son herejes (salvo que sean con cacerolas de teflón).
   Previa a esa burda estrategia, Leporatti organizó el viaje de algunos periodistas argentinos a la planta de Botnia en Fray Bentos. Viajaron periodistas de Clarín, La Nación, Página/12, Canal 9, la agencia DYN, El Diario de Paraná, El Argentino, el Día de Gualeguaychú y periodistas de Concepción del Uruguay: 37 hombres de prensa en total.
   El objetivo era mostrar que la planta funcionaba a todo vapor, superando los más exigentes estándares ambientales: una puesta en escena impecable. Las crónicas fueron tan poco críticas como creíbles. (A la semana de la visita murió un obrero de la planta, pero ya no había periodistas para registrarlo). 
   En ese viaje, el gerente de Botnia se negó a tomar el agua que la empresa vierte al Río Uruguay y que aseguraba no estar contaminada. Aldo Leporatti sí se animo a hacerlo. No tenía opción: era eso o el papelón universal.

Extorsiona
   Desde no hace mucho tiempo, circulan distintos correos electrónicos, entre los asambleístas y sus círculos cercanos, que desprestigian a varios referentes de este movimiento social, a periodistas locales y a ciudadanos de Gualeguaychú. El objetivo, obvio, es romper el tejido que los entrelaza.
   El autor de estos e-mails se desconoce pero su autor intelectual es tan fácil de imaginar que ni hace falta mencionarlo. Hay testigos, por su parte, que pueden afirmar que Leporatti les reconoció que recopilaba información sobre cada uno de los asambleístas pero “por ética” no los utilizaba.
   Los alumnos uruguayos que reciben los libros que Botnia envía a las escuela para intentarlos convencer de su función social en Uruguay tienen ahora un ejemplo ético concreto.
   Sr. Leporatti ¿Para qué se recopila información sobre una persona si no es para usarla en algún momento? ¿Para qué reúne esa información? Su función es mejorar la imagen de Botnia, no desprestigiar la de quienes se oponen a su funcionamiento.
    
   Las Jornadas sobre "Medios de Comunicación, Ética y Responsabilidad Social", ¿no serían más interesantes si en vez de hablar de ética se la aplicara?
   Jaque al Rey pretendió hacerle éstas y otras tantas preguntas a Aldo Leporatti durante su exposición pero la Universidad de Belgrano se encargó de dejar en claro que las preguntas eran sólo por vía escrita, lo que negaba toda posibilidad de respuesta, de repregunta y de libre ejercicio periodístico. La UB huele a perfume pero algo dentro suyo huele a podrido.
   No es éste el mejor ejemplo de Relación Institucional con la Prensa, eje del panel en el que participó Leporatti. Los tópicos de la Jornada sobre Medios, Ética y Responsabilidad Social, estuvieron en otro lado, tal vez a 280 kilómetros de distancia en una ciudad llamada Gualeguaychú.
   La próxima vez que quieran hablar de Ética y Responsabilidad, sería bueno que las inviten. 

(Publicada en el sitio "Jaque al Rey", 18 de mayo de 2008)

sábado, 17 de mayo de 2008

Se llevaron un símbolo pero no la simbología


Los desconocidos (conocidos) de siempre ingresaron, el domingo pasado, a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y destruyeron varios objetos. Increíblemente no se robaron nada, salvo el pañuelo de Hebe de Bonafini. La intimidación, con un claro mensaje mafioso, demuestra el accionar de estos grupos que anhelan la impunidad perpetua. Un ataque contra un símbolo que no puede borrar toda su significancia.

Por Luis Zarranz
   Los símbolos lo son porque representan mucho más que lo que son en sí: por su simbología cargan con un valor agregado y a través de ellos, en la mayoría de los casos, es posible definir un concepto mucho más amplio.
   El pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo representa muchísimo más que cualquier pañuelo y que cualquier pedazo de tela que tenga la misma forma. Representa la memoria, la lucha y la resistencia, entre otras simbologías.
   El pasado domingo 11 los descocidos archi conocidos ingresaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo –otro símbolo de resistencia– y destruyeron varios objetos de la Asociación, la Casa de las Madres y la Universidad Popular. No se robaron nada, salvo el pañuelo de Hebe de Bonafini, la presidenta de la Asociación.
   Con ese mensaje, no hace falta tener mucha capacidad analítica para darse cuenta que no se trató de un simple robo. El robo del pañuelo tiene un alto contenido político: buscan arrasar con la Memoria, la Justicia y la Verdad, tres aspectos que se reavivaron, con cientos de limitaciones, con la reapertura de los juicios.
   “Abrieron los cajones, violaron las cerraduras, rompieron las puertas, revolvieron todo y no se llevaron nada, salvo el pañuelo”, afirmó Hebe de Bonafini en un comunicado difundido por las Madres.
   La modalidad del episodio demuestra que se trató de un innegable acto de amedrentamiento y amenazas contra las Madres. Varias horas después de ocurrido el hecho, Hebe de Bonafini sostuvo: “Yo creo que esto está claro. A mi hija le dijeron ‘estamos volviendo y las vamos a liquidar a tu madre y a vos’.  Y esto es lo que está ocurriendo porque, entraron a la Casa de las Madres, a Prensa Madres y al lugar de la Universidad”.
   Los (des)conocidos que irrumpieron en la sede -a dos cuadras del Congreso de la Nación-, revisaron el escritorio de Hebe y robaron 30 pesos de una cartera, el pañuelo y una agenda, pero no se llevaron los cheques al portador que estaban destinados al pago del personal de la radio. Tampoco faltaron los televisores, los DVD ni las consolas que se encuentran en el sector de prensa de la Universidad de las Madres.
   "La Justicia debe encontrar rápido a los culpables de esto. Yo no quiero custodia ni nada parecido", aclaró Bonafini y vinculó la agresión con un editorial difundido días atrás en el que reclamó que la Armada brinde datos para agilizar la investigación por la Masacre de Trelew, cometida en 1972.
   El ataque había sido descubierto en la mañana del domingo por los feriantes que arman sus puestos en la plaza que está frente a la Asociación. De inmediato alertaron a las Madres.
   Los peritos de la Policía científica informaron que las puertas de Hipólito Yrigoyen 1584 fueron forzadas de adentro hacia fuera, por lo que se presume que los atacantes ingresaron durante el sábado y permanecieron allí cuando la sede fue cerrada a la noche.
   Este nuevo ataque, contra las Madres en particular, y contra los impulsores de los Juicios a los genocidas de la última dictadura en general, demuestra cuán activos están, con sus métodos mafiosos al servicio de su fin: la impunidad.
   El secuestro del titular de la Casa de la Memoria en Zarate, Juan Puthod, la desaparición de Julio López y las continuas intimidaciones son ejemplos concretos que evidencian lo importante, urgente y necesario que resulta lograr ya el enjuiciamiento y la condena a estos “grupos de tareas”.

Otro símbolo
   La semana anterior al ataque en la sede de las Madres, (des)conocidos tocaron el timbre en la casa de Alejandra, la hija de Hebe que vive en La Plata, a las cuatro y media de la madrugada. Cuando se acercó a la puerta escuchó la frase que sólo pronuncian los nostálgicos: “Estamos volviendo”.
   Luego, los individuos recitaron una serie de insultos y gritaron además: “La primera que vamos a reventar es a tu vieja y después a vos”. Alejandra se quedó sentada en el piso de su casa y no llamó a su madre, que vive a la vuelta, para no obligarla a salir sabiendo que los tipos podían seguir ahí afuera.
   El robo del pañuelo no es la primera intimidación, vaya si no lo será, que reciben las Madres en su sede. Fueron varias. Una de las últimas, incluso, consistió en un llamado al sector de Prensa donde del otro lado de la línea se escuchaba una conversación del día anterior entre los mismos integrantes de ese Departamento.
   Solidarizarse con este nuevo ataque, con el mensaje que carga intrínseco, es un deber y una necesidad. No sólo es obvio que los (des)conocidos pertenecen, o reciben ordenes, de elementos activos que actuaron en la última dictadura cívico-militar sino que fue deliberada la intención para que así se notara.
    Fueron las Madres, Hebe a la cabeza, las que no enseñaron a practicar la solidaridad. Gracias a ellas, “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
   Y ese es un símbolo imposible de robar.

(Publicada en el sitio "Jaque al Rey", 17 de mayo de 2008)

La confección de una Justicia a medida


El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos de la empresa Soho, que explotaba a indocumentados, por considerar que este sistema de extrema precarización corresponde a “pautas culturales de pueblos originarios”. Un fallo absolutamente ignorante y discriminatorio que demuestra, una vez más, la finalidad de la Justicia: la impunidad.

Por Luis Zarranz
   Cualquier ciudadano con un mínimo de información sobre la realidad del país tiene el derecho (y el deber) de sembrar sospechas sobre la Justicia argentina. Pero a veces las noticias superan lo imaginable: el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a los responsables de una empresa de indumentaria, que explotaba a inmigrantes indocumentados, por considerar que este sistema de precarización era herencia de “pautas culturales de pueblos originarios”.
   Un fallo absolutamente discriminatorio para exculpar a tres directivos de la empresa SOHO, que vende su indumentaria a precios exorbitantes mientras paga a los costureros salarios insignificantes.
   Entre sus argumentos, si así se pueden llamar a la serie de conceptos nazis vertidos en el fallo, el juez sostuvo que ese modo de explotación sería herencia de "costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría" de los talleristas y costureros, y que se trata de "un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa".
   El ayllu era una forma de comunidad familiar ampliada que trabajaba en forma colectiva en un territorio de propiedad común, en el Altiplano, donde todos obtenían el mismo beneficio y a lo sumo tributaban una parte de su producción al Estado incaico. La tradición dice que allí no existían prácticas discriminatorias ni la posibilidad de acumulación individual, todo lo contrario a esta forma extrema de explotación.
   La otra barbaridad que argumenta Oyarbide para sobreseer a los imputados es que no se encontraría probada la finalidad de los acusados de "obtener directa o indirectamente un beneficio" económico. Un disparate que no resiste ni el análisis de un nene de dos años. ¿Cómo es posible que tres gerentes no tengan como finalidad “obtener un beneficio económico”? El margen de ganancia de los talleristas, gracias a la explotación de personas, es gigantesco y es el que justifica cada una de estas vejaciones.
  
El origen
   La causa se originó a partir de una denuncia realizada por ex trabajadores de Soho y la Cooperativa La Alameda, con el aval de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, tras una serie de inspecciones realizadas en 2007 por el gobierno porteño. En la investigación, el fiscal federal Patricio Evers determinó que la empresa Gilmar SA, que comercializa la marca Soho en los principales shoppings del país, terceriza la confección de las prendas en talleres clandestinos, donde trabajan extranjeros indocumentados.
   Las empresas madres que tercerizan su producción son co-responsables de las condiciones en que sus contratistas emplean a sus trabajadores. De esta manera, Sánchez Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano, responsables legales de la firma Soho, estaban imputados por el delito de reducción a la servidumbre.
   La firma tercerizaba trabajos de costura en, al menos, dos talleres donde habían detectado la presencia de extranjeros indocumentados, que trabajaban doce horas por día, con haberes de entre 500 y 900 pesos mensuales y vivían en una piecita que les alquilaban los propios talleristas.
   En el momento en que se presentó la denuncia, el fiscal había asegurado: "Ningún empresario contrata un taller de costura sin tener un mínimo de contacto previo donde se le garantice el cumplimiento de los plazos y las normas de calidad". "Esta circunstancia de explotación laboral -añadió- no sólo no puede ser desconocida por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente favorecida, para obtener mayor producción a menor costo".
   El fallo racista y discriminatorio de Oyarbide, que culpabiliza a las víctimas por las condiciones en la que es empleado, fue apelado por el fiscal Luis Comparatore y por el abogado de la querella, Rodolfo Yanzón quien rechazó los argumentos que aluden a las "antiguas costumbres de los pueblos originarios”.
   Según el informe que Jaque al Rey elaboró, a pedido de los familiares de Cromañon y que fue entregado a cada uno de los legisladores porteños el 10 de diciembre pasado, el sistema de talleres clandestinos está basado en el tráfico de personas y el trabajo esclavo.
   Esa investigación reveló que: “Los talleres clandestinos no son un fenómeno aislado sino un verdadero sistema clandestino de producción basado en el trabajo esclavo. La trata y el tráfico tienen por objeto maximizar las ganancias y son un paraíso de flexibilización laboral donde no existe el más mínimo derecho laboral y donde se pone el riesgo de los trabajadores y sus familias que son obligadas a vivir y trabajar en pésimas condiciones. La lucha contra el trabajo esclavo no significa, en efecto, sólo un problema laboral sino ante todo de derechos humanos.
   Tal formidable sistema de violación sistemática de los derechos humanos, donde decenas de miles de inmigrantes son traídos mediante engaños de sus países de origen para ser sometidos a la más brutal explotación; donde se pagan centavos por prendas que se venden a precios astronómicos; donde la evasión en materia provisional, impositiva y de cargas sociales es varias veces millonarias no podría existir jamás si no existiera el consentimiento directo o indirecto, subjetivo u objetivo, de importantes áreas del Estado.
   Miles de esclavos pasan anualmente por las fronteras ante la mirada impávida de los funcionarios de migraciones; decenas de talleres pagan peaje a las comisarías y a los inspectores en los barrios de la Ciudad Autónoma y la cadena sigue, perpetuando así las condiciones de extrema vulnerabilidad de estos trabajadores”.

   Sin embargo, ahora resulta que los esclavos lo son por respecto a la cultura ancestral de su lugar de origen. El fallo de Oyarbide demuestra una ignorancia tal que obliga a debatir las capacidades mentales de un hombre encargado de administrar Justicia. No faltará mucho para que se argumente que los niños tobas de Formosa se mueren de hambre por “costumbre hereditaria”.
   La cultura aymara tiene, como pocas, una impresionante concepción de lo comunitario basada en la solidaridad. “Esto no tiene nada que ver con un sistema donde un grupo trabaja para un patrón que lo somete, doce horas por día, a destajo, un triste sistema de esclavitud", sostuvo el cónsul general de Bolivia, José Alberto González.
   "El ayni –trabajo en comunidad dentro del ayllu- no reconoce la esclavitud o la servidumbre; no existe la figura del caporal (capataz), todos son propietarios", enfatizó el cónsul. “Quien sostiene un argumento de este tipo -concluyó- lo hace por desconocimiento o por interés."

(Publicada en el sito "Jaque al Rey", 17 de mayo de 2008)

sábado, 3 de mayo de 2008

No es tu culpa

El domingo pasado se cumplió un año del asesinato de Jorge Galbán Plaza, uno de los testigos del crimen de Andrea Viera. Eugenia, hermana de Andrea y una luchadora incansable para lograr justicia en el caso, no puede evitar sentirse responsable del crimen, por no haberlo protegido lo suficiente. No hubo palabra, hasta ahora, que mitigue esa culpa. Esta nota es otro intento más.

Por Luis Zarranz
   Es tan macabra la impunidad, tan asesina, que trabaja sobre la culpa del sobreviviente. No en pocas ocasiones, éstos se sienten responsables por no haber tomado las precauciones necesarias, por no haber protegido a un ser querido frente a determinado peligro. “¿Por qué no me pasó a mí?”, es la pregunta que tortura a muchos sobrevivientes, buscando una explicación que les alivie la culpa.
   El pasado domingo 27 de abril se cumplió un año del asesinato de Jorge Galbán Plaza, uno de los testigos principales del crimen de Andrea Viera, asesinada en la comisaría 1º de Florencio Varela en mayo de 2002.
   Eugenia, la hermana de Andrea, es una incansable luchadora en este caso y en otros tantos, donde se ha solidarizado por el mismo objetivo: Justicia. Desde el momento mismo del asesinato de su hermana se puso a recolectar pruebas, organizar escraches, recorrer juzgados, brindar testimonio, solidarizarse con causas similares. Todo, en medio del intenso dolor que significa un hecho de esta calamidad.
   Fue Eugenia, precisamente, la que logró acercar a Galbán Plaza a la causa judicial para que declarase todo lo que vio y escuchó aquella noche del 10 de mayo en la comisaría de Varela. Cuando a él lo asesinaron para que no aportase a la investigación todo lo que sabía, Eugenia acompañaba a su propio hijo que estaba internado a la espera de una prótesis por una fractura de tibia y peroné tras un accidente de tránsito. La prótesis, impagable para cualquiera que esté leyendo estas líneas, tardó una eternidad en llegar debido a la burocracia estatal.
   No hay palabra capaz de lograr que Eugenia no se sienta responsable por la muerte de Jorge. En su esquema de valores sin precio ella entiende que no supo protegerlo. Que ella lo metió en la causa que significaría, luego, su asesinato.
   Por eso escribo esta nota. Porque no supe o no pude encontrar una palabra eficaz, una que le dijera que no es ella la responsable de su muerte. Por eso escribo: para contar su historia y para ver si la palabra escrita es más efectiva que la verbal.
 
   Galbán Plaza fue asesinado hace un año. El 27 de abril se cumplió, también, un año sin novedades en la causa. “Hablé telefónicamente con la Secretaria del fiscal Darío Provisionatto de Florencio Varela: me dijo que la causa está en trámite y que se encuentra en la Procuración, a cargo de la Dra. Falbo. No tuve otra respuestas”, me dice Eugenia.
    Aquel 27 de abril, José Galván Plaza, fue encontrado muerto en un descampado de esta localidad del Conurbano, asesinado con un tiro en la sien. Este hombre de 33 años iba que atestiguar en un próximo juicio en contra del policía Marcelo Aquino, uno de los responsables de las torturas en la Comisaría 1º de Varela que significaron la muerte de Andrea Viera.
   Según Luis Valenga, abogados querellante, el asesinato del testigo fue “un crimen mafioso”. “No descarto que entre los autores haya policías bonaerenses en actividad o exonerados. Fue una ejecución impecable con un claro mensaje mafioso porque no quedaron huellas y tuvieron la logística necesaria para dejarlo en una zona descampada muy poco conocida. Además tuvieron la posibilidad de simular un suicidio plantándole el arma en la mano porque José era zurdo y por ese lado entró la bala, pero no lo hicieron", señaló.
   Galbán Plaza, de 31 años, estaba preso en la comisaría 1º de Florencio Varela cuando el 10 de mayo de 2002 la policía torturó a golpes, en esa seccional, a Andrea Viera y su pareja Gustavo Cardozo, luego de ser detenerlos por error como delincuentes que escapaban de un robo y de un tiroteo.
   Andrea murió 12 días más tarde en el hospital Mi Pueblo, a raíz de los tormentos sufridos mientras estuvo detenida en la seccional. Cardozo pudo sobrevivir y para la Justicia semejante hazaña ni significó nada: ningún efectivo fue condenado por las torturas que recibió él.
   En el juicio por el asesinato de Andrea, Galván incriminó a Marta Jorgelina Oviedo, la autora material del crimen, condenada a reclusión perpetua en su domicilio. Sí: perpetua en la casa. El dato que convierte el asombro en perplejidad no se ha dicho aún: Oviedo tiene, apenas, algo más de cuarenta años.
   “Yo no sospecho de nadie, directamente digo que fueron policías los que mataron a (Jorge) Galbán Plaza, ya que él los había señalado como los que torturaron a mi hermana”, sostiene Eugenia.
    Ella misma cuenta que Galbán Plaza había sido amenazado antes, durante y después del juicio, y que además tenía una causa iniciada contra uno de los policías imputados, el oficial Marcelo Aquino. Galbán quería atestiguar sobre las torturas contra el esposo de Andrea, que no se consideraron en el primer juicio. Pero el asesinato impidió su objetivo.
   El cadáver del testigo fue hallado dentro de una zanja, en un camino de tierra que lleva a la tosquera de Sacarpatto, cerca del barrio Pepsi, en Florencio Varela, a unos 200 metros de la ruta provincial 36.
   El balazo que lo mató tenía entrada por la sien izquierda y salida por la derecha. En el lugar donde apareció el cuerpo no había signos de lucha, ni demasiada sangre, ni marcas de arrastre en el suelo, lo que confirma que lo asesinaron en otro sitio. El fiscal que investiga el crimen tiene varias hipótesis, entre ellas la de la venganza.
   La autopsia dice que lo mataron en otro lugar y que luego llevaron el cuerpo al descampado donde apareció. Le pegaron un tiro en la sien desde muy cerca, cuando estaba sentado. Usaron un arma de grueso calibre, una 38 o una 9 milímetros. El disparo lo hicieron “desde una distancia muy corta”. El cuerpo apareció boca abajo y bien vestido: zapatillas rojas, de buena marca, pantalón jean azul, remera roja y campera. Tenía una pulsera en una de sus muñecas y aritos. Como queda claro, el robo no fue el móvil del homicidio.
   Galván Plaza tuvo custodia policial durante un mes, a partir del 12 de junio de 2006, cuando comenzó el juicio por la muerte de Andrea Viera. “Cuando terminó el juicio, pidió que le retiraran la custodia, que era de la Policía Bonaerense, porque no se sentía cómodo”, cuenta Eugenia.
   Además agrega: “El gobernador de la provincia en ese entonces, Felipe Solá, nos recibió en su despacho y a Galbán Plaza lo felicitó por la valentía con la que había actuado al denunciar a los policías”.
   Uno de los datos más contundentes contra la cabo primera Oviedo, única condenada por el caso Viera, fue aportado por Galbán Plaza. Fue él quien aseguró que la oficial, después de la golpiza a la que fue sometida Andrea Viera, le confesó que ella “sólo le había pegado seis patadas”. También le comentó, en tono confidencial, que esa noche “se les había ido la mano”. Como consecuencia de los golpes, Andrea Viera fue internada, en estado de coma, en el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, donde falleció el 22 de mayo de 2002.
    El 10 de julio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Quilmes condenó a la ex Cabo Primero Oviedo a prisión perpetua por las torturas seguidas de muerte de Viera, pero absolvió, por beneficio de la duda, a los otros cuatro policías imputados.
   Galbán Plaza había señalado que, días después de lo ocurrido con Viera, el oficial Aquino se presentó en las celdas para amenazar a los detenidos: “A ustedes les gusta abrir la boca. Ahora se la van a tener que bancar”. Todos los detenidos dijeron, luego, que los amenazaron de muerte y que Aquino era uno de los que más golpeaba a los presos.

Será Justicia
   Andrea Viera, de 25 años, viajaba en un colectivo de la línea 324 junto a su pareja, cuando decidió bajarse en una parada no habitual porque se sentía mareada y con nauseas. Según su hermana, Andrea estaba embarazada y por tal motivo sentía esos malestares, tan comunes en los primeros meses de gestación. Los forenses nunca pudieron confirmar semejante detalle.
   Andrea y su esposo, Gustavo Cardozo, se sentaron en un pilarcito para ver si ella podía sentirse mejor. Al instante, más de cuatro patrulleros con policías fuertemente armados se acercaron y dijeron: “Acá están”. “Es ella y está herida” (sic). Viera y Cardozo fueron llevados a la Comisaría 1º de Florencio Varela y fueron brutalmente golpeados y torturados. Andrea murió 12 días después en el Hospital, producto de los golpes recibidos. Gustavo pudo sobrevivir.
   El hecho, uno más de los innumerables casos en los que la Policía Bonaerense aparece implicada, revela que lejos de ser caso aislado se corresponde a una practica habitual: perseguir, torturar y asesinar gente pobre.

   Eugenia tuvo la enorme valentía de salir a la calle, de denunciar con nombre y apellido, de acercar testigos, de batallar mil y una veces frente a jueces irrisorios. La conocí en una marcha tres días después de la masacre de Cromañón. Le hice la misma pregunta que a todos los que ese día marchaban soportando un intenso calor, dolor, desesperación y angustia. Me dijo que marchaba para pedir Justicia por el crimen de su hermana y que era el mismo Estado el asesino de los pibes del boliche de Once.
   Desde entonces hemos compartido varias actividades, charlas, marchas y correos electrónicos. Aunque se desdoble y multiplique esfuerzos para que la impunidad no quede impune, no puede dejar de sentir culpa por no haber protegido a Galbán Plaza como hubiese querido.
   No, no es tu responsabilidad, Euge, por más que sea lógico que así lo sientas.
   No. Son ellos los culpables. los asesinos. Es parte de su objetivo que nos hagamos cargo de sus muertos. No les demos el gusto.
   Asesinaron a Galbán, no porque no lo hayas cuidado, sino porque no soportaron que alguien dijera con todo detalle qué hacen con los presos.
   Estos tipos hacen lo que quieren y quieren lo que hacen. Lo que no quieren es que se divulgue. 

(Publicada en el sitio "Jaque al Rey", 3 de mayo de 2008)