Entrevista al periodista Darío
Aranda
Por
Luis Zarranz y Cristian Estrella
Desde hace más de diez años, Darío Aranda
recorre comunidades campesinas e indígenas para contar lo que allí sucede. Es
periodista, es colaborador del diario Página/12 y de lavaca, y es autor de
“Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias”, en el que describe
y denuncia cómo impacta el modelo económico extractivo (soja, minería,
petróleo, pasteras) en las poblaciones rurales.
Es, entonces, un trotamundos: allí donde hay
un conflicto campesino o un reclamo de los pueblos originarios, dirá presente.
Esta manera de ejercer la profesión, que al fin de cuentas debería ser el abc de cualquier periodista, lo ha
transformado en un referente de la temática y en algo más: en un espejo donde
mirarse.
Lejos del relato maniqueísta entre
periodistas opositores y militantes –como si los primeros no lo fueran– Darío
denuncia con igual contundencia a empresarios sojeros que desmontan, a
gobernadores oficialistas que reprimen, a los dueños de los grandes diarios que
invisibilizan y al Gobierno que promueve la extensión de la frontera
agropecuaria sobre la base del modelo agrotóxico.
El año pasado denunció, también, que
Página/12 había censurado una nota suya sobre el crimen de Cristian Ferreyra,
integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), en la que
mencionaba la responsabilidad política del gobernador Gerardo Zamora. (El
diario quitó el párrafo con esa mención en dos notas consecutivas).
En esta entrevista habla de todo eso y mucho
más.
-¿En
qué puntos nodales se puede definir el modelo extractivo?
-El modelo extractivo –no descubro la pólvora
ni lo defino yo– se le llama a lo que es la política extractiva de recursos
naturales que se da en distintas partes del mundo, particularmente en Latinoamérica.
En Argentina está dada, principalmente, por la soja, el petróleo y la megaminería.
No todos los países de la región tienen estas tres industrias, pero Argentina
sí. La matriz que lleva este modelo es la obtención de distintos niveles de
rentas con consecuencias ambientales, sanitarias, sociales, desalojos masivos
de campesinos y comunidades indígenas, y represión.
-¿Cuáles
son los riesgos más visibles de este modelo para las poblaciones campesinas y
originarias?
-El modelo extractivo lo que necesita es
territorio vacío. Entonces las primeras afectadas son las comunidades
campesinas pero no solamente: distintas poblaciones, como Esquel, Andalgalá o
Humahuaca, sufren esas consecuencias donde se prioriza la renta por sobre la
calidad o la forma de vida de sus pobladores. Una aclaración: no depende de un
gobierno más o menos progresista: todos los gobiernos de la región, incluso Evo
Morales y Hugo Chávez, han impulsado este modelo que atenta contra la vida
campesino-indígena.
-Durante
el 2011 el Gobierno difundió el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), ¿Cuáles
son las consecuencias que generaría su aplicación en las comunidades y las
economías de grado familiar?
-Es un proyecto bien interesante de leer. Son
180 carillas. Lo que propone, entre otras cosas, es aumentar un 70% la
producción granaria. Argentina produce 100 millones de toneladas de granos; la
mitad es soja. El PEA planea aumentar la producción a 170 millones en el 2020. Lo
que dicen las empresas y el gobierno es que el aumento se va a lograr a través
de un mejor rinde, lo cual es cierto y factible, pero también reconocen que se
van a necesitar nuevas áreas. No se va a avanzar sobre Palermo o Recoleta sino
sobre las poblaciones campesinas e indígenas. Cada centímetro que se avance
para incluirlos en el modelo agroindustrial va atentar contra su modo de vida y
al mismo tiempo va a atentar sobre la soberanía alimentaria, que es la
producción de alimentos reales para el país y no la producción de commodities o alimentos para las
fábricas europeas. En ese sentido las consecuencias directas van a ser una
mayor conflictividad. Lo que ya ocurre, al haber resistencia y organización de
las comunidades, es la represión, sea por vía privada o estatal. Criminalización
y represión de los campesinos indígenas. En los últimos dos años hubo cuatro
asesinatos y en Neuquén hay 250 mapuches procesados, acusados de usurpadores en
el territorio que siempre vivieron. En Santiago del Estero, con el tema de la
soja y el avance de la frontera agropecuaria, hay 500 procesados por defender
su territorio.
-¿Cuáles
son las provincias con mayores conflictos?
-Todas donde se ha corrido la frontera
agropecuaria: parte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta,
norte de Santa Fe, una parte de San Luis. Después hay consecuencias indirectas
porque, por ejemplo, en Mendoza no hay soja, pero la ganadería que estaba en
Córdoba fue corrida y se trasladó a esa provincia que sufre el corrimiento de
la frontera agropecuaria. En Catamarca sucede lo mismo: la ganadería fue
corrida por la soja y también hay un corrimiento de la frontera ganadera por
monocultivo. Eso por el sector agropecuario; y por la minería toda la
cordillera, donde no sólo están afectadas las poblaciones campesinas sino los
pequeños pueblos.
-En el libro
“Argentina Originaria” hacés mención a la ley nacional 26.160 que ordena la
suspensión de desalojos y el relevamiento. ¿Qué nivel de cumplimiento tiene en
las provincias?
-Bajísimo. Es una prueba concreta de mucha
legislación que se aprueba, que es bienvenida y necesaria, pero que el poder
político la utiliza como una barrera de contención tratando de no implementarla
y avanzar igual con el modelo extractivo. Hay provincias donde ni siquiera se
ha firmado el convenio de aplicación, por ejemplo Neuquén y Formosa, y no es
casualidad que sean estas dos provincias donde su política es de las más
represivas
-A
partir de la articulación de los estados provinciales pro-minería, escribiste
que había nacido el Estado minero. ¿Cómo es eso?
-El Estado nacional, junto con las provincias
mineras, confirmó la OFEMI, la Organización Federal de Estados Mineros. El acta
de formación de ese colectivo pro-minero lleva la firma de la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros, que en realidad tiene poco de argentina porque están
todas las multinacionales. Ahí quedó en evidencia cómo el actual gobierno está
asociado de una forma innegable con las grandes corporaciones mineras. En ese
sentido decía, en términos periodísticos, que nacía el estado minero
explícitamente: empresas, gobierno nacional y gobiernos provinciales.
-A
partir de las luchas de Famatina y Tinogasta, la Presidenta dijo que existía la
posibilidad de impulsar el desarrollo minero sin contaminación. ¿Lo ves viable?
-Es difícil
pensar que la megaminería no traiga problemas ambientales para las comunidades
porque los casos concretos de la historia latinoamericana lo muestran así. Me
parece que es un tema que se merece un debate serio, que no aceptan ni el gobierno
nacional ni los provinciales porque saben que tienen mucho que perder. Las
pruebas concretas no ayudan a creer que puede haber una minería no contaminante.
Tomo como referencia a Minera Alumbrera: 15 años de explotación sin cumplir
ninguna de las promesas que trajo. Ni trabajo, ni bienestar social, ni cuidado
ambiental. Nombrame un proyecto megaminero de Latinoamérica donde el pueblo
donde se ejecuta no sea pobre.
-¿Cuál
es la situación en Río Negro con el pueblo mapuche?
-En Río Negro, ahora está suspendido pero era
escandaloso el proyecto para ceder tierras a capitales chinos para la siembra
de producción intensiva en el Valle, en la zona de Choele Choel. A la vez, el gobierno
provincial habilita la megaminería. La provincia ya tiene antecedentes con el
proyecto Calcatreu de lo que es la minería, la contaminación, cómo se afecta a
las poblaciones mapuches, a los puesteros, a la población urbana. Es muy fuerte
ahí la organización de la asamblea de Bariloche, de Viedma, de Patagones. Por
otro lado lo que se está dando es la exploración de la cuenca del Ñirihuau, petrolera
e hidrocarburífera, que incluso afecta a partes del Parque Nacional Nahuel
Huapi. Es una política de Estado y creo que con la avanzada petrolera, acentuada
a partir de la expropiación de YPF, es un grave riesgo que corren las
poblaciones, que están muy atentas. Están en alerta porque es parte del mismo
modelo extractivo. No hace falta mucho recorrer las grandes ciudades como
Bariloche para ver la gran población mapuche y campesina que ha sido expulsada
de sus territorios en las últimas décadas.
-¿Por
qué creés que el genocidio de los pueblos originarios no tiene el mismo nivel
de repudio ni de visibilidad que el genocidio de la última dictadura militar?
-No es un descubrimiento mío sino que es una
reflexión de las comunidades. En algunos lectores de Buenos Aires hizo falta
que lo diga el juez Zaffaroni con algunas palabras más lindas pero con el mismo
sentido. Dijo que el genocidio de los pueblos indígenas es un genocidio negado
por una cuestión de clase social y de etnia. El de la última dictadura afectó
básicamente a clases medias, (universitarios, trabajadores, estudiantes), no en
cuanto a poder adquisitivo sino en cuanto a identificación de clase. En cambio
los pueblos indígenas son sectores empobrecidos, históricamente discriminados,
invisibilizados. Por otro lado un factor más que importante es que el genocidio
de los pueblos indígenas es sobre el que se asienta el estado moderno argentino,
que nace a partir de ese genocidio. Entonces reconocerlo es reconocer el papel
genocida del Estado actual también.
-Los
pueblos originarios lograron convivir con el planeta durante siglos. En esta
época todo está conducido al consumo, que requiere cada vez más metales, papel,
combustible. ¿Qué le pasa a un
periodista como vos cuando viaja y entra en contacto con esa cosmovisión, y volvés a tu vida cotidiana?
-Por un lado trato de no idealizar tampoco la
lucha indígena ni la lucha campesina. Están las mismas virtudes y miserias que
en cualquier otro sector de la población. Lo que sí admiro profundamente es la
capacidad de resistencia de generación en generación para defender una forma de
vida. Mi hipótesis, tampoco es una verdad revelada, es que durante los 90 y a
principios del 2000 la mayor conflictividad se daba en los sectores urbanos
(grupos de piqueteros, desocupados, fábricas recuperadas, sindicatos) a partir
de la exclusión del mercado de trabajo; entonces pedían ser incluidos. En esta
década ha habido mejoras económicas concretas, y la mayor conflictividad se ha
trasladado, a mi parecer, a los sectores rurales (vecinos, pueblos indígenas,
asambleas socioambientales) y la diferencia de la conflictividad es
cualitativa, quizás también cuantitativa. Los pueblos indígenas y campesinos no
están pidiendo mejoras económicas, aunque les vendría muy bien porque muchas
veces las necesitan. Lo que están pidiendo es que se respete una forma de vida,
entonces no hay negociación posible, porque no hay plata del mundo que pueda
pagar esa aceptación del modelo que se les quiere imponer. Y ahí es cuando me
queda el convencimiento de que toda esta mayor conflictividad se va a acentuar
porque los pueblos organizados, los campesinos, las comunidades indígenas van a
resistir cada centímetro de avanzada territorial.
-¿Qué
es lo que más te sorprendió de estas luchas?
-A mí me sorprenden muchas cosas. Por un lado
el doble discurso de los gobiernos que dicen defender los derechos humanos o
están contra las corporaciones mientras los pueblos indígenas y campesinos
sufren, día a día, la vulneración de sus derechos humanos, justamente a favor
de las corporaciones mineras, petroleras, sojeras. También me sorprende mucho
el doble discurso de los medios de comunicación masivos que se van acomodando
según para qué sector de intereses juegan en un momento determinado. Una cosa
es la línea editorial, eso no se discute en los medios comerciales, y otra cosa
es mentir sobre la realidad. Siempre tomo como paradigma la represión al pueblo
Qom en Formosa, el 23 de noviembre de 2010. Clarín y La Nación enfocaron el hecho
vinculando al gobernador Gildo Insfran con el gobierno nacional. Estaba muy
bien porque hay una clara vinculación: lo protegieron todo el tiempo y demás.
Ahora, Clarín y La Nación nunca hablaron del modelo extractivo, que es lo que
impulsa el avance de la frontera agropecuaria en la zona, porque son socios
estratégicos sostenedores de ese modelo. Por otro lado los diarios más
vinculados al gobierno enfocaron el hecho inicialmente como un hecho policial y
después llegaron hasta la responsabilidad política de Insfrán. Nunca vincularon
algo obvio: a él con el gobierno nacional.
Creo que queda en evidencia cómo los grandes
medios de comunicación ya no son importantes por lo que dicen sino por lo que
ocultan. Y ahí me parece que nos debemos una autocrítica del rol que cumplimos
los laburantes de los distintos medios de comunicación. Me parece que también
eso es algo pendiente que tenemos en este oficio: hacer la autocrítica de hasta
dónde somos funcionales a esa mirada mentirosa de los grandes medios.
-Hace
algunos meses denunciaste que Página/12 había cambiado el sentido a unos de tus
artículos. ¿Qué pasó a partir de entonces? ¿Cambió algo?
-Hay censura en todos los grandes medios de
comunicación. Se hizo público en su momento en Télam y en Página pero hablo
seguido con colegas de Tiempo Argentino, de Clarín, de La Nación y la censura
es cotidiana. Lo más peligroso es que hay mucha autocensura también. No apunto
al gobierno nacional: la responsabilidad es de los grandes medios de
comunicación, de los editores, que se han transformado en comisarios políticos;
y también hay una responsabilidad de los trabajadores de prensa –menor, que
quede claro: los periodistas nos debemos la autocrítica de hasta dónde somos
funcionales a esos comisarios políticos que se disfrazan de editores. A mí me
han cuestionado mucho por haber hecho pública una situación de censura y muchos
creen que esas cosas hay que silenciarlas o discutirlas hacia adentro y para mí
no. Desde 2003 que escribo sobre pueblos indígenas en Página y nunca pude
escribir nada sobre Formosa. No es casualidad. Es algo visible: estoy
publicando muchísimo menos de lo que publicaba antes, con notas mucho más
pequeñas.
-También
es cierto que esta situación laboral que a vos mismo te afecta (ser
“colaborador” desde el 2003, con la precariedad que eso implica), también habla
de la facilidad para controlar los contenidos
-Sí, está claro que la censura y la
precariedad laboral van de la mano. No sólo en mi caso sino en cualquiera. Creo
que el gremio de prensa es de los más flexibilizados a nivel nacional. De hecho
en Buenos Aires, después de 30 años, se ha logrado llegar a una paritaria, Es
paradójico: estos medios de comunicación que publican muchas veces el tema de
flexibilización laboral y el trabajo en negro son los primeros a la hora de
flexibilizar. El gremio no contempla, o lo hace muy mal, la figura del “colaborador
ocasional” o freelance. Las revistas
del grupo La Nación, por ejemplo la revista Rumbos, se hace toda con
colaboradores. En Página/12 hay una redacción paralela de colaboradores.
Obviamente que eso le abarata los costos a cualquier gran medio. Si a vos te
tienen en una situación de precariedad laboral la censura y la autocensura van
de la mano, son complementarias.
-¿Cómo
definís esta época para hacer periodismo?
-Hasta el año pasado daba clases de
periodismo y siempre decía lo mismo: es un oficio muy duro en cuanto a los
intereses que hay que sortear y los problemas que muchas se plantean, pero es
hermoso. Me parece que como nunca antes el periodismo está en debate. ¡En buena
hora! La Ley de medios ayudó muchísimo para eso. Este momento de descrédito se
lo debemos a los grandes medios y también a nuestro rol: los periodistas
tenemos que dejar de alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. Si hoy
el periodismo está en un descrédito enorme, que bienvenido y bien merecido lo
tiene, es por el rol de los grandes medios de comunicación y por los
profesionales que estamos en esos medios también. Hay que hacerse cargo. Más
allá de eso hay un enorme potencial y una enorme necesidad de seguir laburando
y mucho de eso canaliza en los medios alternativos, comunitarios, cooperativos,
sociales. Buena parte del mejor periodismo está pasando por esos lados, sin por
eso decir que todo lo de los grandes medios es malo porque también es mentira:
hay muchísimos colegas de los grandes medios que día a día dignifican el oficio.
-¿Por
qué elegiste este tipo de periodismo y quiénes son tus referentes?
-A los temas que trabajo llegué de casualidad
y me di cuenta que me rencontré con mis raíces. Mi viejo era laburante del
campo en Corrientes y mi vieja una cosechadora de algodón del Chaco. Mis
referentes son, básicamente, Rodolfo Walsh y Osvaldo Bayer. Por ahí son lugares
comunes pero es la verdad. A Osvaldo lo leí en la contratapa de Página/12 y la
primera vez que tuve la posibilidad de darle la mano casi me desmayo. Es un
nivel de coherencia tremendo. Después, en el día a día, uno va conociendo mucha
gente y también son inspiradores, pero de ellos creo que aprendí a escuchar más
que otra cosa. Después lo único que uno hace es tratar de escribir y dar
testimonio. Hay una cuestión conceptual: muchas veces los periodistas dicen
“damos voz a los que no tienen voz”. No concuerdo con eso: creo que todos
tienen voz. A lo sumo lo que hacemos es tratar de amplificar esa voz que muchas
veces los poderosos no quieren escuchar. Pero todos tienen voz y está bueno ir
a los lugares donde sucede, donde esas voces están gritando.
(Publicada en la revista "Al Margen", Bariloche, Agosto 2012)
En ese sentido, la
película resulta un hallazgo: los testimonios de diversos militantes –la
mayoría de ellos exiliados de la Argentina– constituye un plus al material de
archivo, animaciones y noticieros de época que componen una trama atractiva y
profunda, capaz de abordar una de las transformaciones sociales
latinoamericanas más audaces.
