viernes, 18 de abril de 2008

López sigue desaparecido: la Justicia, también

La causa que “investiga” el secuestro y desaparición de López recayó en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la que dos de sus tres miembros tienen fortísimos vínculos con la Policía Bonaerense, implicada en los hechos “investigados”. Ambos jueces fueron recusados. Una prueba más de que la Justicia, como López, también está secuestrada.

Por Luis Zarranz
   La causa que investiga el secuestro y desaparición de Jorge Julio López sigue generando asombro: no por su contundencia, mucho menos por sus notables resultados. Todo lo contrario: su virtual paralización a diecinueve meses de iniciada no deja lugar para la duda: la justicia no busca Justicia.
    Ahora depende de dos jueces con alta vinculación con la Policía Bonaerense, institución que, cuanto menos, ha hecho mucho por desviar las pistas que conducían a los responsables del secuestro de López.
   Desde el momento en que Julio desapareció, los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales querellantes, sostuvieron que, necesariamente, se encontraba implicada la Policía Bonaerense, y cientos de pruebas conducen a ese destino.
   Hace unos meses, los organismos presentaron un nuevo pedido para que se cambie la carátula a “desaparición forzada” y que se aparte la Policía de la investigación. Una vez más ese pedido fue rechazado por el juez Arnaldo Corazza. 
   Las agrupaciones decidieron, esta vez, apelar a la instancia superior, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y la causa recayó en la Sala I, integrada por los jueces Alicia Maria Di Donato, Alberto Durán y Julio Reboredo.
   Di Donato y Durán, de fuertes vínculos con la Policía, fueron recusados.  La Dra. Di Donato, –recientemente incorporada a la Sala I- por su pertenencia a la Policía bonaerense desde marzo de 1978 hasta octubre de 1990, momento en que renunció con el cargo de Oficial Subinspector.
   Al juez Durán, por su estrecha vinculación con la policía provincial tal como quedó demostrado en el 2005, oportunidad en la que también fue recusado con similares fundamentos cuando llegó a su juzgado una de las causas contra los genocidas.  
   A esos fundamentos hay que agregar que Durán es hoy integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde se desempeñan varios de los investigados en la causa López, y se lo sindica como ministro de Seguridad en las sombras. 
   Increíblemente, o no tanto, mientras se resuelve la recusación ambos jueces siguen en funciones y la primera medida que tomaron fue impedir que una copia de la causa quedara en el juzgado de Corazza, con lo que ésta queda virtualmente paralizada. 
   Además, Durán intenta desprestigiar a los organismos de derechos humanos, esgrimiendo que cuenta con el apoyo de otras agrupaciones. Es así que el viernes pasado -11 de abril- se presentaron como querellantes en la causa la CGT de La Plata y la Asociación de Abogados Justicialistas de la misma ciudad. Lo curioso es que lo hicieron con un escrito que en su casi totalidad se dedica a defender la "probada trayectoria democrática" de Durán. 
  Alberto Ramón “Tito” Durán es uno de los más polémicos jueces bonaerenses. Además de integrar la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, fue profesor de la Escuela de Policía Juan Vucetich y fue amigo de quien fuera jefe de la “maldita policía”, Pedro Klodczyc, ya fallecido.
   Durante la última dictadura, el experto que asesora a Scioli en Seguridad trabajó en el Ministerio de Gobierno, Jurisdicción 03, ítem 12, Subsecretaría de Asuntos Legislativos, Dirección de Proyectos, en calidad de agente temporario con retribución equivalente al cargo de “abogado C”.
   A Durán se lo acusa de boicotear los Juicios por la Verdad. Se opuso, por ejemplo, al secuestro del fichero del ex secretario del vicariato castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico el archivo de inteligencia policial secuestrado por la Cámara, fichero que hoy forma parte del patrimonio de la Comisión por la Memoria.
   En los 80 comenzó a prestar servicios en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, también durante la dictadura. Pasó de ser juez de primera instancia de Lomas de Zamora a camarista, de la mano del ex presidente Eduardo Duhalde.
   Allí tuvo su primer traspié cuando al ser tentado para asumir en la Secretaría de Seguridad tuvo que declinar el cargo por proponer como subjefe al comisario mayor Darío Delfín Rojas –torturador y represor– ascendido por Ramón Camps a raíz de su participación en el caso Graiver.
   Ante esta situación, los organismos de Derechos Humanos piden la firma de un petitorio, que aquí publicamos, para enviar por fax a la Presidencia de la Cámara Federal de La Plata: 0221-4256858 o 0221-4258208.
   También es posible solidarizarse enviando una adhesión a justiciayalp@yahoo.com.ar,  ya que intentaran publicar el texto como solicitada.
    Además, realizarán las siguientes medidas al cumplirse 19 meses de la desaparición de Julio:
-Solicitar entrevista a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para presentar el escrito por retardo y denegación de justicia del que hablaron el mes pasado con el Presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti.
-La Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada realizará el viernes 18 – como todos los meses- una marcha a las 18 desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, harán una parada en 8 y 51 para exigir la separación de los jueces cuestionados por sus vinculaciones con la Policía Bonaerense.
-La Mesa de Escrache Popular realizará asimismo, el mismo viernes 18 a las 12, una intervención urbana para denunciar la complicidad del Poder Judicial. La actividad se llevará a cabo en la intersección de las calles 8 y 50 de la ciudad de La Plata.

(Publicada en el sito "Jaque al Rey", 18 de abril de 2008)

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