Por Luis Zarranz
La causa que investiga el secuestro y desaparición de Jorge Julio López
sigue generando asombro: no por su contundencia, mucho menos por sus notables
resultados. Todo lo contrario: su virtual paralización a diecinueve meses de
iniciada no deja lugar para la duda: la justicia no busca Justicia.
Ahora depende de dos jueces con alta vinculación con la Policía Bonaerense ,
institución que, cuanto menos, ha hecho mucho por desviar las pistas que
conducían a los responsables del secuestro de López.
Desde el momento en que Julio desapareció, los organismos de derechos
humanos y organizaciones sociales querellantes, sostuvieron que,
necesariamente, se encontraba implicada la Policía Bonaerense ,
y cientos de pruebas conducen a ese destino.
Hace unos meses, los organismos presentaron un nuevo pedido para
que se cambie la carátula a “desaparición forzada” y que se aparte la Policía de la
investigación. Una vez más ese pedido fue rechazado por el juez Arnaldo
Corazza.
Las agrupaciones decidieron, esta vez, apelar a la instancia superior, la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata ,
y la causa recayó en la Sala I ,
integrada por los jueces Alicia Maria Di Donato, Alberto Durán y Julio
Reboredo.
Di Donato y Durán, de fuertes vínculos con la Policía, fueron
recusados. La Dra. Di Donato, –recientemente
incorporada a la Sala I-
por su pertenencia a la
Policía bonaerense desde marzo de 1978 hasta octubre de 1990,
momento en que renunció con el cargo de Oficial Subinspector.
Al juez Durán, por su estrecha vinculación con la policía provincial tal
como quedó demostrado en el 2005, oportunidad en la que también fue recusado
con similares fundamentos cuando llegó a su juzgado una de las causas contra
los genocidas.
A esos fundamentos hay que agregar que Durán es hoy integrante del Consejo
Asesor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde se desempeñan
varios de los investigados en la causa López, y se lo sindica como ministro de
Seguridad en las sombras.
Increíblemente, o no tanto, mientras se resuelve la recusación ambos
jueces siguen en funciones y la primera medida que tomaron fue impedir que una
copia de la causa quedara en el juzgado de Corazza, con lo que ésta queda
virtualmente paralizada.
Además, Durán intenta desprestigiar a los organismos de derechos
humanos, esgrimiendo que cuenta con el apoyo de otras agrupaciones. Es así que
el viernes pasado -11 de abril- se presentaron como querellantes en la causa la CGT de La Plata y la Asociación de Abogados
Justicialistas de la misma ciudad. Lo curioso es que lo hicieron con un escrito
que en su casi totalidad se dedica a defender la "probada trayectoria
democrática" de Durán.
Alberto Ramón “Tito” Durán es uno de los más polémicos jueces
bonaerenses. Además de integrar la
Sala I de la Cámara Federal de La Plata , fue profesor de la Escuela de Policía Juan
Vucetich y fue amigo de quien fuera jefe de la “maldita policía”, Pedro
Klodczyc, ya fallecido.
Durante la última dictadura, el experto que asesora a Scioli en
Seguridad trabajó en el Ministerio de Gobierno, Jurisdicción 03, ítem 12,
Subsecretaría de Asuntos Legislativos, Dirección de Proyectos, en calidad de
agente temporario con retribución equivalente al cargo de “abogado C”.
A Durán se lo acusa de boicotear los Juicios por la Verdad. Se opuso, por
ejemplo, al secuestro del fichero del ex secretario del vicariato castrense
Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico el archivo de inteligencia
policial secuestrado por la Cámara, fichero que hoy forma parte del patrimonio
de la Comisión
por la Memoria.
En los 80 comenzó a prestar servicios en el Poder Judicial de la
provincia de Buenos Aires, también durante la dictadura. Pasó de ser juez de
primera instancia de Lomas de Zamora a camarista, de la mano del ex presidente
Eduardo Duhalde.
Allí tuvo su primer traspié cuando al ser tentado para asumir en la Secretaría de Seguridad
tuvo que declinar el cargo por proponer como subjefe al comisario mayor Darío
Delfín Rojas –torturador y represor– ascendido por Ramón Camps a raíz de su
participación en el caso Graiver.
Ante esta situación, los organismos de Derechos Humanos piden la firma de un petitorio, que aquí
publicamos, para enviar por fax a la Presidencia de la Cámara Federal de La Plata : 0221-4256858 o
0221-4258208.
También es posible solidarizarse enviando una adhesión a justiciayalp@yahoo.com.ar,
ya que intentaran publicar el texto como solicitada.
Además, realizarán las siguientes medidas al
cumplirse 19 meses de la desaparición de Julio:
-Solicitar entrevista a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
para presentar el escrito por retardo y denegación de justicia del que hablaron
el mes pasado con el Presidente de la
Corte , Dr. Lorenzetti.
-La
Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada realizará el
viernes 18 – como todos los meses- una marcha a las 18 desde Plaza Moreno a
Plaza San Martín, harán una parada en 8 y 51 para exigir la separación de los
jueces cuestionados por sus vinculaciones con la Policía Bonaerense.
-La Mesa
de Escrache Popular realizará asimismo, el mismo viernes 18 a las 12, una intervención
urbana para denunciar la complicidad del Poder Judicial. La actividad se
llevará a cabo en la intersección de las calles 8 y 50 de la ciudad de La Plata.
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