El Reino del Revés

Un coronel prófugo de la Justicia, acusado de crímenes de lesa humanidad, dirige en las sombras una empresa de seguridad privada. Un caso testigo del Reino del Revés, en un país donde la seguridad privada aparece como una divinidad.

Por Luis Zarranz

   “Vamos a ver cómo es el reino del revés”, dice en varios pasajes la canción para niños que compuso hace ya varios años María Elena Walsh. Que sea una letra para pequeños y que tenga sus años, no impide que describa a la perfección la situación aquí narrada.

   Sólo en el Reino del Revés es posible que un prófugo por delitos de lesa humanidad sea director de una agencia de seguridad privada. Y éste es el caso. Aldo Álvarez fue jefe de Inteligencia del V Cuerpo, compañero de promoción y amigo del represor Ramón Camps. Desde las sombras controla Alsina SRL, una agencia de seguridad privada en la que fue gerente hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno aunque, en las sombras, sigue con el control hasta el día de hoy.

   Nueve meses antes de marzo de 2000, fecha en la que Álvarez se desprendió de las acciones, en la provincia de Buenos Aires se había sancionado la Ley 12.297 que, entre otras cosas, inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad.

   Pero, en el Reino del Revés, Álvarez no se dio por aludido. Y la Justicia, mucho menos.  

La seguridad privada (y la Justicia también)

   Según las leyes vigentes, el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y organismos de Inteligencia tienen prohibido trabajar en empresas de seguridad privada. Pero, en el Reino del Revés, la ley se diluye y es birlada con contratos “en negro”. La mitad del personal de las 850 empresas registradas en la provincia de Buenos Aires tienen contratados a sus empleados bajo esta modalidad, doblemente ilegal.

   El dato lo difundió el Ministerio de Seguridad provincial hace un mes, cuando intervino la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada en respuesta al aumento de robos en los countries. La cantidad de agentes privados registrados en la provincia llega a 45 mil hombres, apenas 6 mil menos que la Policía Bonaerense.

   En el Reino del Revés, ninguna ley nacional impide que ex miembros de grupos de tareas de la dictadura tengan ejército propio, con uniforme y escudo, al servicio de quien esté dispuesto a contratarlo. Tan solo el decreto 1002/99, con el que se buscó crear una instancia federal de control dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior que nunca llegó a concretarse, permite que el Archivo Nacional de la Memoria objete a los candidatos a poseer o integrar las agencias. Pero su opinión no es vinculante para las direcciones fiscalizadoras.

   Aldo Mario Álvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V de Ejército entre 1974 y diciembre de 1977. Ante la Justicia declaró que estuvo abocado a la guerra frustrada con Chile y permaneció ajeno a "la tarea antisubversiva". Sin embargo, el oficial que manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el campo de concentración donde Álvarez tenía voz de mando, admitió que dependía "del coronel Álvarez" y el que comandaba a los grupos de secuestradores confesó que las informaciones sobre los blancos las suministraba el G2 o Jefatura II.

   Egresado del Colegio Militar de la Nación como oficial de informaciones, cuando se produjo el Golpe de Estado de Juan Carlos Onganía ya era jefe del departamento "Actividades Psicológicas" del Estado Mayor de Ejército. Pasó por la SIDE y en 1974 fue destinado a Bahía Blanca hasta diciembre de 1977. Tres meses después se retiró.

   Durante los años en que dirigió el Cuerpo V secuestró, torturó y fusiló a gusto. Por su actuación durante la dictadura, Álvarez declaró ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987 y trece años después, durante el Juicio por la Verdad. En ambas declaraciones negó su participación en secuestros y torturas. Sin embargo, sus propios subordinados lo contradijeron y lo signaron como responsable y aseguraron recibir órdenes de él

   La indagatoria de Álvarez en 1987 duró cinco días. La Cámara Federal lo procesó por privaciones ilegales de la libertad calificadas y agravadas, y le dictó falta de mérito por homicidios, lesiones y tormentos mientras seguía acumulando pruebas. Como corresponde en el Reino del Revés, en 1988 la Corte Suprema de Justicia lo benefició con la ley de Obediencia Debida.

   En 2006 los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón pidieron su detención por todos los delitos de lesa humanidad cometidos por el Cuerpo V entre 1975 y 1977. En el Reino del Revés, por su edad de 81 años, el coronel Álvarez tiene derecho a gozar de prisión domiciliaria. Sin embargo, está prófugo.

   Desde vaya a saberse dónde, este prófugo maneja una empresa a cargo de sus testaferros y cuya razón es dar “seguridad”.

   María Elena Walsh no debe conocer el caso. Sin embargo, varios años antes se lo imaginó: “Un ladrón es vigilante y otro es juez”, escribió con absoluta lucidez.

(Publicada en el sitio "Jaque al Rey", 7 de marzo de 2008)